CIG-Saúde acusa a la Xunta de “criminalizar” las bajas laborales con el refuerzo de la inspección sanitaria
El sindicato rechaza la medida y reclama más recursos para la Atención Primaria y la sanidad pública ante la saturación del sistema
CIG-Saúde ha denunciado públicamente el nuevo anuncio del presidente de la Xunta sobre el refuerzo de la inspección sanitaria, al que acusa de suponer una nueva ofensiva contra las personas trabajadoras que necesitan una baja laboral y de implicar una mayor fiscalización del criterio de los profesionales de Atención Primaria.
La organización sindical considera que la medida se presenta como una actuación de “axilidade” y “control”, pero sostiene que en realidad está consolidando un discurso en el que las bajas médicas se tratan como situaciones sospechosas. A su juicio, esto transmite a la sociedad la idea de que es necesario vigilar tanto a las personas enfermas como a los médicos que emiten las incapacidades temporales.
CIG-Saúde critica que, mientras persisten la falta de profesionales en los centros de salud, las listas de espera y la saturación de la Atención Primaria y Hospitalaria, la prioridad del Gobierno gallego sea, según afirma, criminalizar a las personas de baja y a los profesionales que las prescriben.
El sindicato recuerda además que Galicia es la segunda comunidad autónoma con menor incidencia de incapacidad laboral. Según datos de la Seguridad Social de 2025, la incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos es de 26,6, frente a una media estatal de 36,21, lo que, según señala, evidencia un uso “racional” de las bajas médicas.
En este sentido, defiende que las bajas laborales no deben considerarse absentismo, ya que se trata de situaciones en las que el trabajador está legalmente exento de acudir a su puesto de trabajo. Añade que la duración de los procesos de incapacidad depende de múltiples factores clínicos y asistenciales, y no únicamente del criterio del profesional que las prescribe.
CIG-Saúde sostiene que la crisis actual del sistema sanitario público, tanto en Atención Primaria como en la hospitalaria, está afectando a su eficiencia, y considera que ahí deberían centrarse los esfuerzos de la Xunta, en lugar de impulsar medidas de control sobre las bajas laborales.
Asimismo, acusa al Gobierno gallego de mantener una campaña mediática sostenida en el tiempo que, según afirma, criminaliza a las personas de baja y a los profesionales sanitarios, y también cuestiona el papel creciente de las mutuas en la gestión de las incapacidades temporales.
La organización sindical advierte también de la presión sobre el sistema sanitario público y rechaza que los intereses económicos puedan condicionar los procesos asistenciales o el criterio clínico de los médicos de familia.
Por último, CIG-Saúde defiende que las bajas laborales son un derecho conquistado y reclaman de nuevo que los recursos públicos se destinen a reforzar la Atención Primaria, mejorar las condiciones laborales en los hospitales y reducir las listas de espera, en lugar de crear estructuras de control sobre pacientes y profesionales sanitarios.
