El Concello defiende que las sentencias sobre el cese del interventor no cuestionan los motivos de la decisión
Manuel César asegura que el TSXG aprecia un defecto formal en la tramitación, mientras el PP acusa al gobierno local de apartar a un “funcionario incómodo”
El concejal de Facenda e Persoal de Santiago, Manuel César Vila, defendió este miércoles que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre la prórroga del antiguo interventor municipal no cuestiona los motivos utilizados por el Concello para denegar su continuidad en el puesto, sino únicamente un aspecto formal del procedimiento administrativo.
Durante una comparecencia pública, el edil explicó que el conflicto judicial gira alrededor de la solicitud presentada por el antiguo interventor para continuar en activo después de alcanzar la edad de jubilación. El Concello rechazó esa petición y el funcionario recurrió la decisión ante los tribunales.
Según recordó Manuel César, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo dio inicialmente la razón al Concello y avaló tanto el procedimiento seguido como la motivación utilizada para denegar la prórroga.
Posteriormente, el antiguo interventor presentó un recurso ante el TSXG, que anuló la resolución municipal al considerar que faltaba un informe preceptivo de la Jefatura de Recursos Humanos dentro del expediente. El tribunal ordenó retrotraer el procedimiento para incorporar ese documento y emitir posteriormente una nueva resolución.
El concejal insistió en que el alto tribunal “non cuestiona a posibilidade de denegar a prórroga nin os motivos polos que se fixo”, sino únicamente la ausencia de ese informe concreto. Según señaló, la sentencia “non entra no fondo da decisión” y se limita a apreciar “un defecto de procedemento”.
Sin cuestionamientos sobre la profesionalidad de los funcionarios
Manuel César explicó que el tribunal tampoco cuestiona la profesionalidad de los funcionarios que participaron en el expediente. En este sentido, recordó que la propia sentencia recoge literalmente que “no se está cuestionando la valía profesional de los funcionarios que realizaron esos informes, sino que se trata de una cuestión de defecto de procedimiento”.
El responsable municipal de Persoal reivindicó también la solidez de los informes utilizados inicialmente por el Concello. Para ello citó fragmentos de la sentencia del Juzgado de Vigo, que calificaba la motivación de la resolución como “exhaustiva” y sostenía que debía ser “o funcionario o que se adapte á Administración á que serve, e non á inversa”.
Según esa resolución judicial de primera instancia, el antiguo interventor había mostrado dificultades de adaptación al proceso de transformación digital desarrollado en los últimos años dentro de la administración municipal.
Cruce político con el PP
Las declaraciones de Manuel César llegan después de que el concejal del Partido Popular José Ramón de la Fuente acusase al gobierno local de haber “retorcido o procedemento” para apartar a un “interventor incómodo”.
El PP sostiene que el procedimiento fue deliberadamente diseñado para evitar un informe desfavorable y considera que existió una actuación “premeditada” por parte del ejecutivo local.
Frente a ello, el gobierno municipal insiste en que la sentencia no habla de persecución política ni cuestiona los argumentos de fondo utilizados para denegar la prórroga, defendiendo que el debate judicial se limita únicamente a un aspecto procedimental sobre qué órgano debía emitir uno de los informes.
