La empresa adjudicataria de la gestión de los centros socioculturales renuncia al contrato y Raxoi valora sanciones
El Concello estudia la posibilidad de penalizar a Eulen por abandonar el acuerdo, cuyo importe ascendía a más de 1,9 millones de euros
El Gobierno local estudia todas las vías legales posibles para imponer penalidades a la empresa Eulen, que ha comunicado al Concello de Santiago de Compostela su decisión de renunciar al contrato para la dinamización y mediación sociocultural de la red de Centros Socioculturales, del que había resultado adjudicataria el pasado 21 de enero por un importe total de 1.925.835,16 euros, IVA incluido.
La renuncia se produjo a pocos días de que expirase el plazo para la firma del contrato y después de que la empresa mantuviese reuniones con el personal municipal del área y visitase los distintos equipamientos de la red.
Eulen atribuye su decisión, por una parte, a la deuda salarial que la anterior empresa adjudicataria mantiene con las personas trabajadoras, que cifra en algo más de 137.000 euros. Al respecto, el Concello trasladó a la compañía que la Xunta de Goberno acordó retener las últimas facturas pendientes de abono a la actual prestataria del servicio, por un importe cercano a los 190.000 euros, como garantía del pago de esos salarios atrasados.
El Gobierno municipal recuerda que esta medida se adoptó en aplicación del artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que la empresa saliente es la obligada a responder de los salarios impagados y de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluso en los supuestos de subrogación, sin que esta responsabilidad recaiga en ningún caso sobre la nueva adjudicataria. En este sentido, el Concello garantizó a Eulen que el pago de los salarios pendientes no le correspondería.
Por otra parte, la empresa también justifica su renuncia en el procedimiento judicial iniciado por la representación sindical de las trabajadoras, que reclama la aplicación del IV Convenio colectivo de eventos, servicios y producciones culturales de Galicia, frente al III Convenio del sector de ocio y animación sociocultural recogido en los pliegos del contrato y aplicado hasta ahora en los centros socioculturales. Sobre esta demanda no existe sentencia firme en la actualidad.
Estudio de penalidades y protección de las trabajadoras
Ante esta situación, el Gobierno local analiza la imposición de penalidades por la renuncia a un contrato ya adjudicado y explora todas las posibilidades previstas en la legislación, incluida la prohibición de contratar con la administración local en futuros procesos de licitación.
De forma paralela, el Concello evalúa todas las opciones legales disponibles para que la decisión de Eulen tenga el menor impacto posible sobre las trabajadoras de los centros socioculturales, ya que la renuncia de la empresa impide que se produzca la subrogación en los plazos previstos.
