El rechazo de PP y de las no adscritas bloquea el pago de 119 facturas a proveedores del Concello de Santiago
La negativa impide abonar casi un millón de euros pendientes del contrato de la basura con Viaqua
El pleno municipal de Santiago ha rechazado este jueves el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito que permitiría abonar 119 facturas correspondientes a 65 proveedores, entre ellas 26 facturas del contrato de la basura con Viaqua. La votación se saldó con el apoyo del BNG, Compostela Aberta y PSOE, el voto en contra del Grupo Municipal Popular y la abstención de las concejales no adscritas, lo que impidió la aprobación.
El concejal de Facenda, Manuel César Vila, detalló que la mayoría de facturas son inferiores a 1.000 euros, aunque también figuran pagos de entre 5.000 y más de 20.000 euros. De todas ellas, las más voluminosas corresponden a Viaqua, cuyo contrato de recogida de basura finalizó en 2019 pero mantiene una orden de continuidad desde abril de ese mismo año.
Según expuso Vila, la última factura pagada a la empresa fue la del 2 de julio de 2021, abonada el 3 de noviembre de 2022. Desde entonces, permanecen pendientes 26 facturas que suman 992.395,30 euros, la mayor parte del total del expediente, cifrado en 1.358.975,85 euros. Estas facturas responden al 3% de la recaudación de la tasa de basura, porcentaje que corresponde a Viaqua por gestión del cobro.
En el debate, la concejala socialista Marta Abal reconoció que había sido “muy crítica anteriormente”, pero felicitó al gobierno municipal “por desbloquear la gestión del pago de las facturas de Viaqua”, insistiendo en que es “necesario cambiar el sistema de recaudación”.
Críticas por la gestión económica
El portavoz de las no adscritas, Gonzalo Muíños, lamentó que “acabando el 2025 se sigan abonando facturas del año pasado”, lo que, en su opinión, evidencia “el modelo de contabilidad que propone el BNG”. Subrayó además que algunas facturas muestran “el abuso que hace este gobierno del contrato menor”, citando como ejemplo los 10.000 euros en cascos de bomberos, que, aseguró, deberían haberse tramitado por contratación ordinaria.
A pesar de las críticas, Muíños señaló que “las empresas y los proveedores no tienen culpa de la mala gestión contable del Gobierno local”, por lo que estaban dispuestos a facilitar la aprobación. Finalmente, la abstención de las no adscritas contribuyó a tumbar el expediente.
En nombre del PP, la concejala Rosario Ferreiro Varela expresó su sorpresa ante la aparición de facturas correspondientes no solo a 2024, sino también a 2023 y ejercicios anteriores, incluyendo las de Viaqua, cuya “legalidad” dijo no tener clara.
“No me digan que no tuvieron años para pagar estas facturas. En octubre no se trajo a pleno ningún asunto económico. Andan a rastro: los presupuestos, el pago a policías y bomberos, la cuenta general… y luego meten prisa al resto”, criticó antes de anunciar el voto en contra del grupo.
Advertencia del gobierno local
La alcaldesa pidió a los grupos “responsabilidad”, recordando que su negativa al expediente supone impedir el cobro a proveedores y empresas de la ciudad, pese a que el documento “aparece con todos los informes precisos y pertinentes”.
“No es muy coherente decir que hay que mejorar el período medio de pago a proveedores y que luego esto no pueda salir adelante”, afirmó, antes de concluir: “Sean responsables, no con este gobierno, por supuesto, sino con el conjunto de vecinos y con las empresas que están esperando a que esto pueda ser cobrado”.
Contexto de tensiones
El bloqueo del expediente llega en un momento en el que distintos grupos municipales mantienen críticas abiertas sobre la gestión económica del Concello, apuntando a problemas recurrentes en recaudación, contratos menores y facturas antiguas sin abonar.
Tanto Muíños como el PP han insistido en la necesidad de revisar los procedimientos contables, mientras el PSOE reclama cambios en el sistema de recaudación de la tasa de basura. La mayor parte de las facturas pendientes pertenecen precisamente al contrato de Viaqua, cuyo pago ha permanecido enquistado durante más de tres años.
Con la propuesta rechazada, seguirá sin resolverse el pago de casi un millón de euros a la empresa y de más de un centenar de facturas a múltiples proveedores locales.
