Varios cientos de personas se concentraron este domingo en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado el pasado jueves por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación, según ha constatado EFE.
En medio de una fina lluvia, cerca de 500 personas, acudieron a una convocatoria anónima difundida por las redes sociales y las aplicaciones de mensajería que pedía concentrarse también en las ciudades de Galicia y España con el lema en gallego de "Stop al golpe de Estado" y "No a la justicia antidemocrática".
Los concentrados frente a la catedral compostelana gritaron consignas como "Fuera fascistas del Tribunal Supremo", "No al golpe de Estado en la justicia" o "Jueces fascistas".
También se escucharon gritos como "Es Amador el defraudador" en referencia a Alberto González Amador -pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- cuyo correo en el que admitía un fraude a Hacienda y su supuesta filtración está en el origen de la sentencia del Supremo contra el fiscal general por un delito de revelación de datos reservados.
Los manifestantes demandaron también la renovación del poder judicial, la "dimisión del Tribunal Supremo" y lanzaron otras consignas como "Álvaro amigo, Santiago está contigo".
Entre los participantes en la concentración se encontraba la exdirigente del BNG Encarna Otero, que consideró que la sentencia contra García Ortiz es "un intento de golpe de Estado".
"Continuamos en pie porque vamos a tener muchas ocasiones de seguir demostrando que las libertades las defendemos nosotros, la gente, esta lucha continúa", ha dicho Otero en unas improvisadas palabras ante un grupo de asistentes.
García Ortiz trabajó en la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela desde 2002 hasta 2020.
En 2004 fue nombrado fiscal especialista en medio ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), desde donde asumió en 2005 la acusación pública en el caso por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas.
El pasado 20 de noviembre, el Supremo le declaró culpable de un delito de revelación de secretos y le impuso una inhabilitación de dos años para ejercer cargo público, además de 7.200 euros de multa y otros 10.000 euros en concepto de indemnización a favor de González Amador.
La sentencia, que aún no ha sido publicada, se adoptó por mayoría de cinco de los siete magistrados que formaron el tribunal y ha desatado una fuerte polémica.
