Piden 9 años de prisión para un joven por apuñalar a un menor en la puerta de una discoteca en Santiago
La víctima sufrió una herida toracoabdominal y estuvo 77 días recuperándose
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, celebrará este miércoles y jueves el juicio contra un joven acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa tras un apuñalamiento ocurrido en la madrugada del 8 de enero de 2023 a las puertas de una discoteca de la capital gallega. La Fiscalía reclama nueve años de prisión y una indemnización de 45.437,518 euros por los daños causados.
Un puñal escondido en una tubería
Según el escrito del ministerio público, los hechos se registraron alrededor de las 05.00 horas, cuando en el exterior del local se producía una pelea en la que estaba implicado un conocido del investigado. El acusado, al percatarse de la situación, se dirigió hacia una tubería de desagüe de un inmueble cercano donde él mismo —u otra persona “a su ruego o con su conocimiento”, según destaca la Fiscalía— había dejado escondido un puñal.
Con el arma en la mano, el joven regresó al lugar de la pelea y se abalanzó sobre un menor de 17 años, al que asestó una puñalada en la parte posterior del costado izquierdo. Tras el ataque, huyó, aunque fue localizado y detenido poco después por agentes de la Policía Nacional.
Herida toracoabdominal y 77 días de recuperación
El menor sufrió una lesión por arma blanca con afectación toracoabdominal, comprometiendo órganos vitales y generando riesgo de complicaciones médicas. Necesitó una intervención quirúrgica, atención hospitalaria y supervisión especializada hasta completar una recuperación que se prolongó 77 días, según el informe médico recogido por la Fiscalía.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza dos días después de los hechos. El acusado permaneció en esta situación hasta abril de 2023, cuando el mismo órgano acordó su libertad provisional.
En su escrito de conclusiones, la Fiscalía solicita además que se imponga al procesado la prohibición de aproximarse al perjudicado, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier entorno que frecuente, en un radio inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con él durante diez años.
De los 45.437,518 euros reclamados en concepto de responsabilidad civil, más de 6.700 euros corresponden al reintegro al Servizo Galego de Saúde por los gastos sanitarios derivados de la atención prestada a la víctima.
