Un estudio internacional liderado por la USC advierte que el derecho a un clima seguro ya es una obligación legal
El compostelano Sebastián Villasante lidera un estudio internacional publicado en Nature Sustainability que propone vías legales para proteger el derecho humano a un clima estable
La lucha contra el cambio climático entra en una nueva etapa en la que el derecho a un clima seguro se convierte en una obligación legal. Así lo sostiene un artículo publicado en la revista Nature Sustainability, liderado por el profesor e investigador de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Sebastián Villasante, del laboratorio EqualSea Lab de CRETUS, que analiza cómo los tribunales internacionales están transformando las advertencias científicas en compromisos jurídicos vinculantes.
El estudio, titulado The human right to a safe climate, reúne a un grupo de expertos de referencia mundial en ciencia climática y sostenibilidad, entre ellos Lynne Shannon (University of Cape Town, Sudáfrica), Sandra Waddock (Boston College, Estados Unidos), Lucas A. Garibaldi (Universidad Nacional de Río Negro–CONICET, Argentina), Joyeeta Gupta (University of Amsterdam, Países Bajos) y Unai Pascual (BC3 e Ikerbasque, España).
Un deber legal y una cuestión de justicia
Según Villasante, el reconocimiento de este derecho implica que “quienes contaminan y alteran gravemente el clima están atentando contra el derecho de cada uno de nosotros a un clima seguro”. En la práctica, añade, este marco permite exigir protección frente a fenómenos como las olas de calor, las sequías o las inundaciones que ponen en riesgo la salud y los medios de vida.
El artículo plantea que el cambio climático no es solo un desafío ambiental o económico, sino un problema de justicia, pues afecta de manera desigual a las poblaciones más vulnerables. “Garantizar un clima seguro es fundamental para la salud, el bienestar y la estabilidad de las sociedades. Nuestra investigación demuestra que la acción climática debe ir acompañada de políticas que aseguren la protección de los derechos humanos”, subraya Villasante.
El trabajo también insta a que las decisiones políticas y económicas incorporen la dimensión de justicia climática, reconociendo las responsabilidades diferenciadas entre los países más emisores y los más afectados, y promoviendo la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones. “Los impactos del cambio climático no se distribuyen de forma equitativa. Proteger este derecho humano requiere escuchar a las comunidades y asegurar que participen”, recalca el investigador compostelano.
Un cambio de paradigma jurídico
El estudio parte de los avances recientes en el derecho internacional, como las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que reconocen el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Estas decisiones establecen que los Estados tienen la obligación legal de prevenir daños climáticos significativos y de mantener el objetivo de 1,5 °C de calentamiento global, alineando así la legislación con la ciencia climática.
“Las reglas de juego han cambiado. Nos encontramos en una encrucijada histórica: o protegemos la vida, o seguimos poniendo en riesgo a las generaciones presentes y futuras. Pero ya no será impune continuar dañando ecosistemas y clima”, advierte Villasante.
Cinco caminos para un cambio real
El equipo investigador propone cinco vías principales para convertir el derecho a un clima seguro en políticas efectivas:
- Alinear las políticas nacionales con el límite de 1,5 °C, eliminando progresivamente los combustibles fósiles y reformando los subsidios.
- Asegurar una gobernanza inclusiva, escuchando a pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, agricultores y pescadores.
- Establecer responsabilidad legal para quienes incumplan compromisos climáticos.
- Exigir que los proyectos financiados internacionalmente respeten los derechos humanos y la naturaleza.
- Fortalecer la sociedad civil, protegiendo a las personas defensoras del medio ambiente y la democracia.
El artículo liderado desde Santiago subraya que este nuevo marco legal y ético “marca un antes y un después” en la relación entre la ciencia y el derecho internacional. Frente a la crisis climática, concluyen los autores, la justicia ambiental y social deben situarse en el centro de las decisiones políticas si se quiere garantizar verdaderamente el derecho humano a un clima seguro.
