La justicia respalda al PSOE en el conflicto con los concejales no adscritos de Santiago
El tribunal considera que el partido respetó las garantías del procedimiento disciplinario y que no existe “irregularidad manifiesta” en su actuación
La Audiencia Provincial de A Coruña ha avalado la decisión del Juzgado de Primera Instancia que denegó las medidas cautelares solicitadas por los concejales Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez, expulsados del PSOE de Santiago tras la crisis interna abierta en el grupo municipal en 2024. Los ediles, actualmente no adscritos, pedían que se suspendiera temporalmente su expulsión y que se les restituyera como miembros del Grupo Municipal Socialista, a la espera de que se resolviera el procedimiento principal.
La Audiencia respalda la actuación disciplinaria del partido
En un auto fechado el 28 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala desestima el recurso de apelación y confirma que no existe apariencia de irregularidad ni extralimitación en la actuación del PSOE. El tribunal indica que las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes eran de carácter anticipatorio, es decir, buscaban adelantar los efectos de una posible sentencia favorable, lo que exige “un mayor rigor” en su fundamentación.
Los magistrados subrayan que el partido respetó las garantías mínimas previstas en la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, y que las alegaciones sobre supuestas infracciones procedimentales o desproporción en la sanción no están sólidamente justificadas en esta fase.
Además, el tribunal rechaza la existencia de periculum in mora —riesgo de perjuicio irreparable—, al considerar que la situación de concejales no adscritos ya se había producido cuando se interpuso la solicitud. La resolución, que impone las costas a los demandantes, es firme y no admite recurso ordinario.
Los ediles insisten en que “no se prejuzga el fondo del asunto”
Tras conocerse el fallo, los cuatro concejales no adscritos emitieron un comunicado en el que expresan su respeto por la decisión judicial, aunque subrayan que la veracidad de los hechos deberá dirimirse en el juicio principal.
“Sabíamos de la dificultad de lograr unas medidas cautelares anticipatorias, porque suponían adelantar una resolución sin desplegar toda la práctica de pruebas”, explican. Aun así, recalcan que esta resolución “no prejuzga el fondo del asunto” ni entra a valorar los hechos que motivaron su expulsión del partido.
Los ediles critican el actual “Estado de partidos” en España, que —afirman— “perpetúa un sistema en el que el éxito electoral parece haberse convertido en un fin en sí mismo”. Añaden que su objetivo seguirá siendo “trabajar con lealtad y compromiso por los vecinos de Santiago”, a pesar de ocupar una posición “a la que injustamente nos relegaron personas en la cúpula de una organización política, alterando la representación municipal”.
Un conflicto interno que fracturó el grupo socialista
El enfrentamiento en el seno del PSOE de Santiago se originó en junio de 2024, cuando los seis concejales del grupo votaron a favor de la ordenanza sobre viviendas turísticas en contra de la directriz de la dirección local, que había optado por la abstención.
Esa misma jornada, la ejecutiva compostelana ordenó el relevo de dos trabajadores del grupo municipal —la jefa de gabinete y el responsable de comunicación—, una decisión que el entonces portavoz, Gonzalo Muíños, se negó a firmar. Este hecho motivó su suspensión de militancia durante 18 meses.
Posteriormente, la dirección local nombró a Gumersindo Guinarte como nuevo portavoz y a Marta Abal como secretaria del grupo, citando a Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez para ratificar los cambios. Las tres ediles no acudieron a la reunión, al considerar nula la convocatoria, lo que derivó en la ruptura total del grupo socialista y en su expulsión definitiva del partido.
