Ecoloxistas en Acción alerta de que la mina de Touro - O Pino podría vulnerar dos directivas de la Unión Europea
Una de las normativas sobre las que advierte el colectivo es sobre la de 'greenwashing', de lo que acusan a la responsable del proyecto
Ecoloxistas en Acción ha advertido de que el proyecto minero de Touro-O Pino, concretamente su promotora, Atalaya Mining (a través de su filial Cobre Santo Rafael), podría incurrir en "graves incumplimientos" del nuevo marco normativo europeo en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG).
En un comunicado detallan que al calificar la explotación como 'minería verde' y 'sostenible', Atalaya Mining choca "frontalmente" con las directivas aprobadas por el Parlamento Europeo.
Concretamente se refieren a la directiva de 2024 contra el greenwashing, que prohíbe "taxativamente" el uso de alegatos ambientales genéricos si la empresa no aporta pruebas científicas concluyentes.
"Llamar 'sostenible' a un proyecto que amenaza con drenaje ácido de roca y vertidos de ligiviados a ríos de la cuenca del río Ulla es un engaño masivo", declaran desde el colectivo.
La otra directiva que consideran que podría vulnerar es la de debida diligencia, una normativa por la que las empresas deben identificar, mitigar y responder penal y civilmente por los impactos negativos en los derechos humanos y el entorno de las comunidades locales.
Sobre este punto, recuerdan que la mina carece por completo de "licencia social" debido al rechazo unánime del tejido socioeconómico local, el sector agrario y el sector pesquero-marisquero, lo que convierte la inversión en un activo de "altísimo riesgo financiero y litigios crónicos".
Por todo ello, califican de "temeridad" que la empresa siga queriendo adquirir fincas e ir a expropiaciones en procesos judiciales largos, invirtiendo capital sin disponer de una Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) favorable y firme.
"Los inversores deben saber que Atalaya Mining está ocultando la realidad del conflicto social y técnico en Galicia. No estamos ante un trámite burocrático. Estamos ante un proyecto inviable que destruirá el sustento de miles de familias en la ría y en el rural gallego, que se lleva manteniendo firme en su oposición casi 9 años", concluyen los portavoces.
